Exigen intervención urgente del Ministerio Público para esclarecer posibles actos de proselitismo político con recursos del Estado

Pucallpa, Ucayali. Una nueva controversia sacude a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tras la difusión de información que revelaría la presunta participación de funcionarios, autoridades y trabajadores municipales en actividades de coordinación política vinculadas al partido Somos Perú.

De acuerdo con la información difundida, un grupo de WhatsApp denominado "Provincial Jóvenes" habría sido utilizado para organizar actividades relacionadas con dicha organización política, en la que el exalcalde Segundo "Pepe" Pérez Collazos buscaría retornar al gobierno provincial.

Entre los integrantes del grupo aparecerían funcionarios de alto nivel, entre ellos Zoila Gabriela Saldaña Ríos, jefa de la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo; Américo Gianpoll Torres Ruiz, primer regidor y teniente alcalde; además de otros participantes identificados como Dan Campaña, Jiam Piere Imagen, Aaron Imagen, Diego Borrego, Jhosimar, entre otros.

La situación genera especial preocupación debido a que la Oficina de Imagen Institucional fue la encargada de elaborar y difundir recientemente un comunicado oficial con el que la Municipalidad respondió a cuestionamientos sobre el manejo de sus plataformas institucionales. La aparición de funcionarios de dicha oficina en un espacio de coordinación política ha generado nuevas interrogantes sobre la separación entre las funciones públicas y las actividades partidarias.

Asimismo, las capturas difundidas evidenciarían la participación de diversas personas vinculadas a áreas de comunicación e imagen institucional, lo que ha motivado cuestionamientos respecto a un eventual uso de la estructura municipal con fines políticos o electorales.

La controversia se produce luego de que información pública del historial de transparencia de Facebook contradijera la versión oficial emitida por la Municipalidad sobre el manejo de su página institucional, ampliando ahora el debate hacia la posible utilización de funcionarios y recursos del Estado para actividades de naturaleza política.

Diversos sectores consideran que, de confirmarse estas denuncias mediante las investigaciones correspondientes, podrían existir responsabilidades administrativas, civiles o penales, por lo que solicitan una investigación exhaustiva.

Piden acción inmediata de las autoridades

Ante la gravedad de los hechos denunciados, ciudadanos y diversos actores sociales demandan que el Ministerio Público actúe de oficio e inicie una investigación preliminar para determinar si existió o no utilización de recursos públicos, personal municipal, bienes del Estado o tiempo laboral en favor de actividades político-electorales.

Corresponderá a las autoridades competentes establecer, mediante una investigación objetiva y respetando el debido proceso, si la participación de funcionarios en estos espacios corresponde al ejercicio de actividades privadas fuera del horario laboral o si existió alguna utilización indebida de la estructura del Estado con fines partidarios.

Redacción: Red Comunicadores Press