Las declaraciones del magistrado, emitidas durante una sesión pública del STF, marcan su primera reacción oficial tras ser incluido en la lista de sancionados por la Ley Magnitsky, una legislación estadounidense que castiga a funcionarios y ciudadanos extranjeros acusados de corrupción o violaciones a los derechos humanos.

“Intentos externos de intimidar la labor de un Poder Judicial soberano son inaceptables y solo refuerzan nuestro compromiso con la democracia y el Estado de derecho”, expresó Moraes ante la Corte, recibiendo el respaldo de varios de sus colegas.

La inclusión del juez en la lista ha generado una ola de reacciones dentro y fuera de Brasil. Mientras sectores políticos afines al expresidente Jair Bolsonaro celebraron la decisión del gobierno estadounidense, miembros del actual Ejecutivo y diversas organizaciones judiciales defendieron a Moraes, a quien consideran una figura clave en la defensa del orden constitucional frente a intentos de desestabilización institucional.

El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, no ha brindado detalles específicos sobre las razones que motivaron las sanciones, aunque mencionó que los señalados bajo la Ley Magnitsky están implicados en “acciones que socavan procesos democráticos y derechos fundamentales”.

Desde el STF, se espera que en los próximos días se emita un pronunciamiento institucional más amplio, en defensa de la independencia del Poder Judicial brasileño.