Pucallpa (Ucayali), “La titulación de tierras de las comunidades nativas contribuirá a la fiscalización de los sectores competentes involucrados en la lucha contra la tala ilegal”, aseveró el Alto Comisionado en Asuntos de la Lucha contra la Tala Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Fourment Paredes.

Por ello, remarcó durante su visita de trabajo en el departamento de Ucayali que es muy importante para el Gobierno resolver el tema de la titulación, pues la explotación indiscriminada de los recursos forestales afecta el modo de vida de las comunidades nativas y de las poblaciones en aislamiento voluntario.

En ese sentido, refirió que es conocida por la población local la infructuosa gestión de varios años de las comunidades nativas para titular sus tierras, pero que otras personas jurídicas o naturales sí la han obtenido, generándose un hecho de superposición. “Es necesario simplificar y dinamizar los procedimientos que permitan la formalización, porque si ser formal ya es difícil, para las personas de estas comunidades lo es mucho más”, enfatizó.

A los problemas señalados, se suma la situación de inseguridad y violencia generada por los taladores ilegales, que sería consecuencia de otros delitos, como el narcotráfico y la corrupción, sostuvo Fourment Paredes.

REUNIONES DE TRABAJO Y OPERATIVO

El Alto Comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros se reunió en esta ciudad con los representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, así como con los integrantes de la Policía Especializada en Delitos Ambientales.

También sostuvo encuentros de trabajo con los funcionarios del sector forestal del Gobierno Regional de Ucayali y del Ministerio de Agricultura y Riego, a quienes les recalcó el firme compromiso del Ejecutivo de eliminar, de forma paulatina, la tala ilegal.

Durante su permanencia en la región, Fourment Paredes participó en un operativo de verificación de productos forestales de madera procedentes de Loreto, junto a los representantes del Ministerio Público, del Gobierno Regional y de la Policía de Medio Ambiente en la zona denominada “Puerto Ribeyro”. En la intervención, las autoridades citadas constataron que la documentación y los productos verificados se encontraban conforme a lo estipulado en la normativa.